Eduardo Rodríguez será el actor clave en la fase de alegatos orales en la CIJ
Eduardo Rodríguez, agente en la Corte Internacional de Justicia. Foto archivo
Alejandra Rocabado.
Los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) escucharán entre
el 4 y 8 de mayo los alegatos orales de Bolivia y Chile para determinar
si son o no competentes para tramitar la demanda marítima y los agentes
son los actores clave en esta etapa, ya que son los responsables de
presentar y exponer el sustento de las posiciones de sus Estados. En el
caso de Bolivia tiene esa responsabilidad el expresidente Eduardo
Rodríguez Veltzé.
Rodríguez fue presidente de la Corte Suprema de Justicia y desde ese
cargo y por sucesión constitucional llegó a la Presidencia en 2005. El 3 de abril de 2013 fue designado por el presidente Evo Morales en el cargo de Agente y desde entonces asumió la responsabilidad de defender los intereses del Estado en el tribunal internacional.
El 24 de abril de ese año fue presentada la demanda marítima ante la
Corte con el objetivo de que se obligue a Chile a negociar una salida
soberana al mar en cumplimiento de ofertas de solución hechas a
lo largo de la historia. El 15 de abril de 2014 fue entregada la
Memoria que sustenta la demanda en cuatro cuerpos: uno histórico, dos
jurídicos y el cuarto de anexos.
Chile objetó la competencia de los jueces para tratar el caso, por lo
que se abrió una etapa previa para definir una posición sobre el
incidente. Ya pasó la etapa de alegatos escritos del trámite del recurso
chileno y el lunes empezará la fase pública y oral, donde Rodríguez se
verá en la audiencia con su similar chileno Felipe Bulnes.
“En las audiencias públicas, el agente presenta los alegatos en nombre
del gobierno al que representa. En general, el agente se encarga de
todos los actos formales que tiene que realizar el gobierno al que
representa”, se explica en la página web de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el tribunal internacional.
El agente podrá recibir “la asistencia de coagentes, viceagentes o
subagentes, y siempre dispone de consejeros o abogados, cuyo trabajo
coordina para que le ayuden en la preparación de los alegatos y de la
exposición de los mismos”, agrega.
Bulnes abrirá la fase de alegatos el lunes 4 de mayo y el miércoles responderá su similar boliviano. El 7 y 8 se realizará la réplica.
Una misión del Legislativo y Ejecutivo boliviano se trasladará a La
Haya para acompañar el trabajo del equipo jurídico boliviano y similar
decisión fue tomada por el gobierno de Michelle Bachelet.
La audiencia se realiza en inglés o francés. El expresidente boliviano,
nacido en Cochabamba, se graduó de la carrera de Derecho en la
Universidad Mayor de San Simón. Obtuvo el título de abogado en 1981,
cursó una maestría en Administración Pública por la Escuela de Gobierno
J. F. Kennedy de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, en 1988.
Prestó servicios como subcontralor y fue asesor general del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto en el primer gobierno de Gonzalo
Sánchez de Lozada. También fue coordinador del Instituto Latinoamericano
de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente (Ilanud) y consultor de proyectos legislativos en materia
judicial. Fue jefe de Estudios de la carrera de Derecho de la
Universidad Católica Boliviana (UCB), entre otras actividades públicas y
privadas.
Los expertos internacionales Jorge Cardona Llorens, Antonio Remiro
Brotóns y Rosa Riquelme, además de Marcelo Kohen, forman parte del
equipo boliviano para enfrentar el proceso internacional contra Chile en
busca de una salida soberana al Pacífico.
La fase de alegatos orales es una de las etapas clave, ya que después
de escuchar los argumentos de los Estados, a través de sus agentes, los
jueces empezarán a debatir sobre el caso y fijar una posición. “La sentencia es definitiva, vinculante para las partes e inapelable.
Como mucho, podría ser objeto de interpretación o revisión. Si algún
juez desea hacerlo, deberá adjuntar una opinión al fallo”, informó la
ONU.
Chile dirá en la CIJ que Bolivia encubre con su demanda la revisión del Tratado de 1904
El canciller Heraldo Muñoz. Foto archivo
Foto: EFE
En su respuesta a la demanda marítima boliviana presentada en la Corte
Internacional de Justicia (CIJ), Chile argumentará que Bolivia encubre
la revisión del Tratado de Paz y Amistad de 1904 al plantear que se
obligue a ese país a negociar una salida soberana al Pacífico, anunció
anoche el canciller Heraldo Muñoz. Lo hizo durante una entrevista en la
que perfiló los ejes de la estrategia de defensa jurídica chilena.
Durante una entrevista en el programa "El Informante", de Televisión de
Chile, explicó de manera general la postura que su país llevará a La
Haya para defender los argumentos orientados a que la Corte se declare
incompetente para tratar la demanda boliviana, asentada en los
ofrecimientos chilenos de una solución al diferendo marítimo arrastrado
desde 1879 tras la invasión y Guerra del Pacífico.
“Lo que busca Bolivia, lo que le pide a la Corte es que Chile ceda
territorio y que además sea con proyección marítima y eso se opone a lo
que está establecido en el Tratado de 1904, que definió de manera
perpetua la frontera entre ambos países. De modo
que lo que hace Bolivia es encubrir su cuestionamiento al Tratado de
1904 con una supuesta obligación de negociar y es eso lo que le vamos a
decir a la Corte”, anunció.
El presidente Evo Morales y diferentes autoridades bolivianas negaron
en reiteradas ocasiones que la demanda apunte al Tratado. El 5 de marzo,
el expresidente y vocero de la demanda, Carlos Mesa, negó que Bolivia
busque ese objetivo. “Chile dice que Bolivia quiere tocar el Tratado de
1904 y eso es falso", afirmó.
Muñoz recordó anoche que hasta la fecha al menos 28 países presentaron
impugnaciones a la jurisdicción del tribunal de la Organización de las
Naciones Unidas, de las cuales la mitad fueron aceptadas.
“Nosotros le estamos diciendo a la Corte que no puede tratar esta
demanda que está presentando Bolivia porque lo que está haciendo es
tratar de una manera encubierta cuestionar el Tratado de 1904”,
insistió.
La demanda marítima boliviana fue interpuesta por el gobierno de
Morales en 2013 y exige que se obligue a Santiago a negociar sobre sus
ofertas históricas de una salida soberana al mar.
El Canciller aseguró que los argumentos que lleva Chile son "muy
sólidos" frente a lo que consideró una "invención jurídica". Recalcó que
su país acatará cualquier fallo que dicte un tribunal internacional,
como lo hizo con la resolución sobre el litigio planteado por Perú por
límites marítimos.
Señaló además que ningún tribunal internacional puede quitarle
territorio a un país, por lo que espera que el caso boliviano sea “un
juicio corto”. Opinó que Bolivia ya tiene acceso al mar, aunque sin
soberanía, derecho otorgado por el propio Tratado de 1904, con agencias
aduaneras en Arica y Antofagasta y agentes de aduana, entre otras
facilidades que aseguró le cuestan a Chile 100 millones de dólares por
año.
La CIJ, que prevé resolver hasta fines de este año la impugnación,
escuchará entre el 4 y 8 de mayo los alegatos de Chile y Bolivia en La
Haya.
Canciller chileno confirma que embajador retornará a Lima tras caso espionaje
El canciller chileno,
Heraldo Muñoz, aseguró hoy que el embajador de su país volverá pronto a
la capital peruana después de que los Gobiernos de Chile y Perú dieran
por zanjada la polémica por el presunto caso de espionaje denunciado por
las autoridades peruanas.
"Para Chile también está resuelto este asunto. Estamos satisfechos con
el acuerdo alcanzado, con el entendimiento que ha permitido superar esta
situación, y creemos que nuestro embajador estará prontamente de vuelta
en Lima", declaró Muñoz en un encuentro con corresponsales extranjeros.
El presidente peruano, Ollanta Humala, dio por superada la polémica
tras recibir las satisfacciones del Gobierno chileno y anunció el
retorno del embajador peruano a Santiago, que había sido llamado a
consultas el pasado 20 de febrero.
La decisión del Ejecutivo peruano se produjo después de que se
conociera que Chile envío una adenda a su segunda respuesta entregada el
1 de abril y de que ambos países sostuvieran "intercambios de alto
nivel" que permitieron solventar el asunto, dijo el gobernante peruano.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, tres suboficiales de
la Armada peruana fueron contactados entre 2006 y 2011 por presuntos
militares chilenos, a los que entregaron información clasificada.
Tras hacerse público el caso, Perú llamó a consultas a su embajador en
Chile el pasado 20 de febrero, cuando también envió una primera nota de
protesta pidiendo explicaciones por el caso, que fue respondida por
Chile, de manera reservada, el 3 de marzo.
La Cancillería peruana replicó el 7 de marzo con la retirada de su
embajador y dijo que las acciones de espionaje están debidamente
acreditadas, por lo que exigió mayores explicaciones y remitió
información complementaria.
Chile, en tanto, retiró también a su embajador en Lima, Roberto Ibarra,
y ha sostenido durante toda la controversia que el Gobierno no ha
autorizado actos de espionaje dentro ni fuera de su territorio.
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