Este martes 21, con la entrega de la réplica boliviana en el juicio que el país le sigue a Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Bolivia concluye la fase de los alegatos escritos que le toca; hasta el 21 de septiembre, el Gobierno chileno tendrá para presentar su dúplica, la respuesta escrita al texto que la diplomacia boliviana hizo llegar a las oficinas de la CIJ.
Llegados a este punto, y tras la derrota que significó para Chile que la CIJ rechace su objeción de competencia de esta máxima Corte para conocer la demanda boliviana, se puede ver en el discurso chileno un afán por distintas vías de quitar la base, jerarquía y valor a los compromisos que hizo su Estado en sentido de abrirse a una negociación que posibilite un acceso soberano al mar Pacífico por parte de Bolivia; y lo hace con el dogma de la imposibilidad de ceder territorio o soberanía.
“Bolivia no tiene derechos a salida soberana al mar y, por lo tanto, una demanda como la que se ha planteado en La Haya es absolutamente inconducente”, afirmó el 25 de abril de 2013 el canciller chileno Heraldo Muñoz, un día después de que las autoridades bolivianas empezaran con el juicio. Añadió que la posibilidad de que su país entregue una salida soberana al mar estaba “cerrada para siempre”.
Ya desde entonces, las autoridades del país vecino afirmaron que el verdadero objeto de la demanda boliviana era “modificar los límites pactados en el Tratado de 1904”. “Bolivia pretende que Chile le transfiera territorio soberano”, aseguró Muñoz.
Una vez que el tribunal internacional falló a favor de continuar con el proceso, el 24 de septiembre de 2015, la presidenta chilena Michelle Bachelet fue la primera en tratar de desvirtuar el alcance de la sentencia: “Este pronunciamiento no afecta en nada nuestra integridad territorial, en este sentido Bolivia no ha ganado nada (...) debe destacarse que la Corte ha declarado que ella no podría predeterminar el resultado de una eventual negociación”.
- La presidenta de Chile, Michelle Bachelet.
En respuesta, el vocero de la demanda, el expresidente Carlos Mesa, afirmó que el fallo de la CIJ “no limita ni reduce” el elemento central de la demanda, que es negociar un acceso soberano al mar. “No existe ninguna partición ni reducción del alcance de la demanda boliviana, que es definir si Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia para otorgarle un acceso soberano al mar”; a ello se añade la opinión de Remiro Brotons, uno de los abogados de Bolivia ante La Haya: “La sentencia no limita ni un ápice el petitorio de Bolivia y, por tanto, éste se mantiene íntegro e incólume de cara al debate del tema de fondo, no advierto ningún tipo de dudas sobre ese particular”, afirmó.
Aquí, si bien Chile consideró que no estaba en riesgo su integridad territorial, reforzó su estrategia comunicacional con “ideas fuerza”, como que un cambio en las fronteras generaría un riesgo mundial y daría lugar a la revisión de otros tratados.Muñoz añadió: “Si hablamos de soberanía, evidentemente lo que vamos a hacer es tener un diálogo de sordos y no vamos a poder enfrentar juntos los desafíos que tenemos por delante”.
Hasta aquí, se evidencia una lectura chilena de la demanda boliviana: el empeño por no hablar de los actos unilaterales que generan compromisos, como fueron los reiterados ofrecimientos chilenos de un acceso soberano al mar por parte de Bolivia. Una prueba de ello es que ya en 2016 Muñoz expone cierto giro, consistente en aceptar la posibilidad de que la CIJ efectivamente obligue a la negociación, pero, otra vez, la soberanía deberá estar fuera de toda expectativa.
Ello en medio de manifestaciones de que su país “siempre estuvo dispuesto a dialogar sobre todos los temas de la agenda bilateral”, como integración económica, cultural, turística, de cooperación en narcotráfico, entre otros. “Hay muchas cosas pendientes y eso debiéramos hacerlo a partir de una mirada del siglo XXI porque cada vez que conversamos con Bolivia nos hablan del pasado”.
- El canciller de Chile, Heraldo Muñoz
Esa misma postura la ratificó el 24 de mayo de 2016, pero esta vez como un elemento de su contramemoria, pero esta vez quitando jerarquía a sus actos de diplomacia. “Lo que Chile va a decir en esta contramemoria es que tal obligación no existe porque las conversaciones que han habido con Bolivia en el pasado no generan derecho porque han sido diplomáticas, ni menos cuando éstas se han cerrado”.
Las autoridades chilenas presentaron, el 13 de julio de 2016, su contramemoria, la cual, en lo fundamental, aseguran, consiste en restituir la “verdad histórica” que luego conduciría a afirmar que no existe la obligación de negociar con Bolivia. “Creemos que tenemos una contramemoria contundente. En ella establecemos la verdad histórica incluso con fuentes bolivianas y de otros países, y demostramos que no hay obligación de negociar nada con Bolivia”, manifestó el canciller Muñoz.
En septiembre de 2016 y ya casi a un año de que la CIJ fallara a favor de continuar con este litigio, esa autoridad declaró, el 18 de septiembre, que su país enfrentaba un escenario “más positivo” porque, nuevamente, un fallo de la CIJ no obligará a su país a ceder territorio y que su sentencia definitiva tendrá que ver solo con “una eventual existencia de una obligación jurídica de negociar”.
Sin embargo, tras dichas aseveraciones de optimismo, el 15 de noviembre, la agente de Chile por el Silala, Ximena Fuentes, advirtió que su país debe estar preparado para un fallo “insólito”. “Creo que siempre que uno va a un tribunal tiene que saber que en ocasiones los resultados son insólitos. No son un grupo de personas infalibles. (…) Ahora, si como Estado no estamos dispuestos a vivir con ese tipo de incertidumbres, quiere decir que no estamos preparados para enfrentar juicios internacionales. Tenemos que estar preparados, no todo es blanco o negro, y en cuanto a la defensa jurídica, puedo afirmar que hemos hecho la mejor”.
Es Fuentes la que, con todo, se refiere directamente al argumento boliviano, restando, una vez más, valor a los actos unilaterales del Estado chileno: “Creo que el que ha hecho difícil esa senda de entendimiento es Bolivia. (…) Es difícil cuando hemos negociado de buena fe y jamás con la idea de estar bajo una obligación jurídica. Bolivia judicializó este tema y ha seguido una vía bastante contradictoria, en el sentido de que, si a ellos les interesa sentar a Chile en una mesa, el acoso en el que nos tienen presos no es precisamente una buena manera de generar las condiciones”.
Otro elemento del discurso chileno, precisamente, es que explota la idea de una contradicción entre la voluntad de negociar por parte de Bolivia y la ‘beligerancia’ del gobierno del presidente Morales. Ya en 2017, el canciller Muñoz, a través de la red social Twitter, afirmó: “E.Morales insulta a Chile, reiteradamente...y quiere negociar! Tendremos presente sus dichos en la CIJ. Chile no cederá soberanía” (sic). Ese escrito fue una respuesta a lo dicho por el Mandatario boliviano, quien el 13 de febrero aseguró, a través de la misma red social, que en “el Estado Plurinacional resolvemos las controversias a través del diálogo, la negociación, la justicia y el derecho”, mientras que “los Estados coloniales resuelven las controversias a través de las armas y de la invasión”.
Frente a todas esas declaraciones, la postura del Gobierno boliviano fue convocar a Chile al diálogo, aunque no se le dejó de interpelar por arrebatar al país territorio en una guerra injusta.
El 26 de septiembre de 2015, dos días después de que la CIJ emitiera la sentencia sobre su competencia, Morales instó a Chile a construir un acuerdo para que “no haya perdedores ni ganadores”, pues “somos países hermanos y veamos cómo ganar juntos”. Esa postura la ratificó el 28 de septiembre ante la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas.
Incluso el excanciller David Choquehuanca afirmó, el 6 de enero de 2016, que el Gobierno boliviano estaba dispuesto a establecer las relaciones diplomáticas con esa vecina nación, siempre y cuando ello condujera a resolver “varias injusticias”.
Respecto a la negativa de Chile de negociar una salida soberana al Pacífico, el Ejecutivo boliviano recordó a sus autoridades que el territorio que dice suyo le fue arrebatado a Bolivia. Asimismo señaló los múltiples incumplimientos a lo largo de la historia para compensar la pérdida del Litoral, a través del Tratado de 1904.
“Yo le pregunto (al canciller de Chile): ¿Quién le obligó (a Chile) a quitarnos, o robarnos el mar?”, respondió Morales, el 8 de enero de 2016, a una declaración de Muñoz, que había aseverado que la CIJ “no podrá obligar” a su país a ceder territorio. Además, el Mandatario boliviano afirmó que con el juicio Bolivia no busca que Chile le regale territorio, sino que se haga justicia por el delito de “lesa humanidad” que se cometió con la invasión del 14 de febrero de 1879 al antiguo puerto boliviano de Antofagasta.
“Nos han ofrecido salida al mar con soberanía, un corredor; no estamos pidiendo a La Haya que nos regale, sino que Chile cumpla con sus compromisos, con sus ofrecimientos, eso es lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo (...) lo que nos robaron”, remarcó Morales.Posteriormente, el 27 de marzo del pasado año, el Mandatario afirmó que “no se defiende la soberanía por algo que es robado, invadido, asaltado o saqueado; eso quiero que sepa el Canciller de Chile”.
Historiadores e intelectuales en Chile concuerdan en que su país le arrebató territorio a Bolivia y que por ello tiene una deuda, según una publicación de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI).
Por ejemplo, Pedro Godor, publicó un trabajo en el Centro de Estudios Chilenos, en el que criticó los “arcaicos estereotipos” que despojados de objetividad e impregnados de “altanería racista”, llegan a afirmar que Bolivia “jamás tuvo mar”. Este experto analizó, en 2014, que el Tratado de 1904 establece que Bolivia “cede a perpetuidad el territorio de Antofagasta” y al respecto se cuestionó: “¿Se puede ceder algo ajeno y obtener de yapa compensaciones?”.
El escritor chileno José Miguel Vicuña en su trabajo titulado “Antecedentes del movimiento intelectual de la Guerra del Pacífico hasta 1920” publicado en la revista bimestral de Ciencias, Letras y Artes de la Universidad de Concepción de Chile calificó como una actitud inmoral “la conquista a mano armada de las tierras salitrosas de Bolivia y de Perú, para proteger los intereses de los industriales y mineros chilenos”.
El representante del Centro Cultural y Político Casa Bolívar de Chile, Roberto Muñoz, coincidió en que fueron los “grandes oligarcas” de su país quienes gestaron la Guerra del Pacífico, por lo que se siente propietarios de ese terreno y no negociarán una salida soberana, a menos que haya algo que sí se puedan tranzar.
Otro de los historiadores críticos con su gobierno es Cástulo Martínez, quien consideró que sus autoridades deberían acceder a estudiar “conjuntamente con Bolivia, la fórmula que permita a esta nación contar, una vez más, con un puerto propio en la extensa costa chilena”.
El incumplimiento al Tratado de 1904 es otro de los temas que las autoridades bolivianas cuestionan. El 4 de junio de 2016, mediante su cuenta Twitter, Morales denunció vulneraciones al cumplimiento de ese acuerdo porque el administrador portuario subió unilateralmente las tarifas de exportación. “Decisión injusta y discriminatoria”, escribió el Mandatario, quien recordó que ese acuerdo, firmado tras la Guerra del Pacífico, obliga a Chile a otorgar a favor de Bolivia y “a perpetuidad (…) el más amplio derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico”. Por ello, Bolivia denunció a Chile ante la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).
El 16 de junio, el Gobierno exigió al vecino país cumplir ese convenio y denunció 12 “atropellos” al comercio exterior en el puerto de Antofagasta. El 22 de junio, Bolivia emitió un comunicado en el que pidió a las autoridades chilenas cumplir con las obligaciones de libre tránsito emergentes de “las pobres compensaciones ante el cercenamiento brutal de territorio”.
Ese es el escenario en el que se mueve el litigio marítimo, un proceso en el que, mientras el equipo de Bolivia se mantuvo sólido hasta la fecha, el de Chile sufrió por lo menos tres bajas importantes: las dimisiones de sus agentes Felipe Bulnes y José Miguel Insulza, y del periodista Ascanio Cavallo, quien era responsable de conducir la estrategia comunicacional chilena en este caso.
http://www.la-razon.com/suplementos/animal_politico/Chile-refuerza-condiciones-no-negociacion-animal-politico_0_2676932295.html
Bolivia devolvió a Chile, sin proceso, a tres transgresores
Bolivia devolvió sin mayores consecuencias a personal civil y policial de Chile, pero no recibe el mismo trato del vecino con la detención de militares y funcionarios aduaneros bolivianos que luchan contra el tránsito ilícito de mercaderías.
Reciprocidad y colaboración en la persecución de delitos transnacionales en la frontera, como el contrabando, narcotráfico, trata de personas, entre otros... Eso caracteriza la relación de Bolivia con Perú, Argentina y Brasil, una correlación que, sin embargo, no la aplica Chile, a pesar de los acuerdos suscritos por ese país.
Según un informe del Ministerio de Gobierno de Bolivia, personal boliviano que luchaba contra el tránsito ilegal de mercaderías en la frontera con la vecina nación fue detenido en tres ocasiones en los últimos seis años. En cambio, Bolivia capturó en dos oportunidades a un civil y policías chilenos en 2016 por ingresar sin permiso al territorio. A éstos, las autoridades los dejaron en libertad sin mayores consecuencias.
Según el despacho de Gobierno, similar fue la actuación de Bolivia con otros países como Brasil o Perú, cuando sus funcionarios ingresaron a territorio nacional en persecución de delincuentes (Ver la infografía).
Respecto de los casos que involucran a bolivianos, Chile detuvo en 2011 a 14 militares, quienes cruzaron la línea divisoria en su lucha contra el tránsito de mercadería ilegal. Tras una acción judicial fueron detenidos preventivamente y luego expulsados.
El segundo hecho aconteció en 2013, con el arresto de tres militares bolivianos, quienes también fueron apresados cuando perseguían a un grupo de contrabandistas y traspasaron al territorio del vecino. Igual que el caso anterior fueron sometidos a un proceso, tras el cual fueron echados, sin derecho a retorno.
El tercer suceso aconteció el anterior fin de semana. Dos militares y siete funcionarios aduaneros fueron apresados por carabineros de ese país, supuestamente en territorio chileno. Fueron sometidos a un juzgado que determinó su detención preventiva. El caso está en evolución.
En contrario a esas actuaciones, las autoridades bolivianas detuvieron el año pasado a una persona que ingresó sin permiso al país para fotografiar el puesto militar ubicado en el Silala (Potosí). Pese a que se le podía iniciar un proceso por espionaje, según el Ministerio de Gobierno, fue entregado a las autoridades chilenas y no se le atribuyó ningún cargo.
Otro caso también aconteció el año pasado. Dos agentes de narcóticos de Carabineros de Chile entraron a la localidad fronteriza de Pisiga persiguiendo a un sospechoso de narcotráfico. Éstos fueron trasladados a Oruro e inmediatamente fueron devueltos a su país en cumplimiento de protocolos bilaterales de colaboración, explica el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
“Hubo un intercambio de comunicaciones entre el Ministro de Gobierno, quien habla, y el Ministro del Interior de Chile, informándole que se habían liberado a sus efectivos y en el tema de sus armas, a través de la Cancillería, se cumplió un protocolo y no se hizo mayor cuestión”, recuerda esta autoridad al respecto.
El accionar boliviano se sustenta, según el ministro, en convenios internacionales de lucha contra delitos transnacionales, suscritos de forma bilateral, a través de comisiones mixtas, o mediante convenios con la Organización de Naciones Unidas (ONU) o el Mercado Común del Sur (Mercosur), entre otros. En algunos casos, dice, se establece con especificidad los ilícitos que se combatirán con cada país. “Por decir, con Argentina es trata de personas, con Chile es contrabando, además de los delitos de narcotráfico; entonces, en estos documentos, de manera genérica, nos hemos comprometido a prestarnos colaboración”, manifiesta.
Y uno de esos compromisos fue ratificado en enero de este año. En el marco de la IX reunión de la Comisión Mixta Sobre Drogas y Temas Conexos Bolivia-Chile, según el Ministerio de Gobierno, ambas delegaciones reforzaron su intención de luchar contra ese delito y también acordaron “Fortalecer la cooperación aduanera con las policías para el trabajo en la frontera”.
En julio de 2015, Bolivia suscribió con Mercosur el “Convenio de Cooperación, intercambio de información, consulta de datos y asistencia mutua entre las administraciones aduaneras”. Chile es miembro pleno de ese bloque y el país está en proceso de adhesión.
A ello se suma la Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de noviembre de 2000.
Y así, según Romero, se puede seguir enumerando una serie de acuerdos por los que Chile debería colaborar con Bolivia y liberar a los militares y funcionarios detenidos. “Desde nuestro punto de vista es una actitud inamistosa, agresiva, es una suerte de protección a la actividad del contrabando”, asegura.
http://www.la-razon.com/suplementos/animal_politico/Bolivia-devolvio-Chile-proceso-transgresores-animal-politico_0_2682331780.html
