Para algunos el grupo terrorista del mercenario internacional Eduardo Rozsa nunca existió. Por ahí todavía se clama por la inocencia de los implicados. ¿Fue un intento por balcanizar los países de la región sudamericana? Lo cierto es que hoy en día un grupo considerable de empresarios y políticos de extrema derecha nazi se encuentra fuera del país desde el fracaso del proyecto. La Razón hace un resumen de lo sucedido y una puesta al día del estado en que se encuentran las cosas. Otra pesadilla del aventurerismo empresarial como los que se sucedían con facilidad en el siglo XIX y que dió origen a la invasión de Chile a Bolivia y causa de nuestra mediterraneidad. (FFO)
El caso Terrorismo I dejó al menos cuatro cabos sueltos
Municiones y documentos hallados en los operativos del 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas y la Fexpocruz.
Fotos: archivo La Razón, Informe de la comisión multipartidaria de la cámara de diputados y Elisa Medrano
La madrugada del 16
de abril de 2009, vecinos del hotel Las Américas, ubicado en el primer
anillo de la ciudad de Santa Cruz, oyeron una fuerte explosión y luego
una serie de disparos. Pensaron que se trataba de una revuelta o una
revolución. Nunca imaginaron que en ese céntrico hospedaje se encontraba
alojado un grupo terrorista, según la acusación del Ministerio Público,
cuyos integrantes fueron contratados por personalidades cruceñas
empresariales y cívicas para formar una guerrilla y dividir al país.
En la intervención a ese hospedaje fueron abatidos Eduardo Rózsa
Flores, boliviano-húngaro; Arpad Magyarosi, rumano; y Michael Martin
Dwyer, irlandés. En ese escenario también fueron capturados con vida
Mario Francisco Tadic Astorga, boliviano-croata, y Elöd Tóásó, húngaro.
El jueves 16 se cumplen seis años del hecho y el juicio oral por este
caso comenzó en 2012. La Fiscalía halló responsabilidad en 39 personas y
las acusó por los delitos de terrorismo y alzamientos armados contra la
seguridad y soberanía del Estado. Del total, 22 individuos
comparecieron ante el Tribunal 1° de Sentencia, pero uno fue excluido,
por lo que el proceso continuó para 21.
De esa cantidad, cinco se declararon culpables y se sometieron a
juicios abreviados admitiendo las dos faltas en el grado de complicidad.
El resto, 16 ciudadanos, aún acude al banquillo de los acusados y está a
la espera de una sentencia o de su absolución. Otras 17 personas
fugaron del país (ver infografía de las páginas 8 y 9).
Cuando esa indagación estaba en curso, los plazos llegaron a su término
y el Ministerio Público tuvo que presentar la acusación, explica el
fiscal Sergio Céspedes, miembro de la comisión investigadora. No
obstante, todavía quedaban, al menos, cuatro cabos sueltos.
El primero está referido a quiénes financiaron el grupo irregular, por
lo que se abrió el caso Terrorismo II. El segundo es la presunta
participación del reelecto gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas. Un
tercer tema pendiente es la denuncia del intento de magnicidio del
presidente Evo Morales y otras autoridades. Y un cuarto punto se refiere
a los otros miembros de la agrupación armada.
En el caso Terrorismo I se estima que al menos $us 20 millones fueron
recaudados para solventar las actividades del grupo separatista. En
tanto, el proceso denominado Terrorismo II está a punto de ingresar a la
etapa de juicio. En el caso están incriminadas 14 personas, quienes
están en la mira por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas,
terrorismo, alzamientos armados en contra de la seguridad y soberanía
del Estado, conspiración y organización criminal (leer nota de las
páginas 14 y 15).
Sin
embargo, no es el único tema que quedó irresuelto y que puede ameritar
una investigación. De hecho, un segundo punto pendiente es la presunta
participación del gobernador reelecto de Santa Cruz, Rubén Costas
Aguilera, cuyo hermano, Pablo Humberto, quien también está acusado por
el caso, fugó del país.
El fiscal Céspedes, que impulsa los procesos Terrorismo I y II, explica
que Rubén Costas debe ser procesado porque fue uno de los autores que
organizó la guerrilla y convocó a Rózsa. “Tenemos versiones de los
condenados (Mario) Tadic) y (Elöd) Tóásó, de que Rózsa se había reunido
varias veces con Rubén Costas, que firmó un contrato con él para ser su
asesor, que incluso visitó el stand de Cotas. Eso quiere decir que
estaba inmerso en esta actividad y como existe una nueva versión, merece
su investigación”.
Tadic y Tóásó incriminaron a la autoridad, luego de que se declararan
culpables por el delito de alzamientos armados en el grado de
complicidad. “El gobernador (Rubén Costas) nos trajo”, afirmó Tadic en
una parte de su declaración ante el juez Sixto Fernández. Tóásó
complementó que el ahora gobernador reelecto se reunió con Rózsa. “(Esa
vez) yo estaba en la plaza principal (14 de Septiembre de Santa Cruz)
cuando él (Rózsa) se reunió en una casa blanca con Costas”.
Para la Fiscalía, las versiones de los dos sentenciados tienen peso,
porque el primero era el segundo hombre al mando del denominado Frente
Democrático de Defensa de Santa Cruz (FDD), que era el brazo operativo
de los separatistas; mientras que el segundo era el encargado de
planificación del citado grupo.
Costas ya había sido mencionado en el informe de la Comisión Especial
Multipartidaria de la Cámara de Diputados que indagó este hecho en 2009.
En una parte de la pesquisa se alude a un correo electrónico
presuntamente enviado por Rózsa a Itsvan Pistovak, otro miembro de la
célula terrorista, en el que le asegura que el gobernador (Costas) es
una de las cabezas visibles e integrante de un consejo.
“Los miembros del consejo, o sea las cabezas visibles, los dirigentes
del movimiento: Rubén Costas Aguilera (gobernador); Branko Marinkovic,
presidente del Comité Cívico, una organización con gran influencia, es
también llamado por los de Santa Cruz, el Gobierno Moral…”, escribió
Rózsa, según la comisión, a través del correo enviado desde
camba3@hushmail.com a Pistovak, cuyo e-mail era belovia@hushmail.com.
Si bien en ese mensaje supuestamente Rózsa hace mención a Costas y la
comisión de Diputados recomendó al Ministerio Público investigarlo, los
fiscales no lo convocaron en el caso Terrorismo I, por lo que no fue
imputado ni fue incluido en la acusación que formuló la Fiscalía. Pero
tampoco fue incorporado en la investigación del caso Terrorismo II.
Con las revelaciones de Tadic y Tóásó, Céspedes asegura que Costas sí
tuvo una participación directa, pero todavía la comisión de fiscales no
decidió si lo incluirá en ese segundo proceso o si será parte de una
tercera indagación.
El
fiscal explica que la autoridad regional fue parte del Grupo Intelectual
que planificó, en primera instancia, la lucha por la autonomía y que
proyectó declarar la independencia de Santa Cruz y otros departamentos
si es que no se lograba ese objetivo, y que convocó a Rózsa para que
conforme una guerrilla.
“Tenemos una versión de los mismos acusados que estuvieron participando
en estos hechos (de quiénes eran parte del Grupo Intelectual), uno era
Rubén Costas, los financiadores Hugo Achá, Alejandro Melgar, Branko
Marinkovic, todas estas personas que conformaban y que decidieron (la
lucha armada), Guido Nayar que estaba en ese entonces, y hay otras
personas que conformaron y que vinieron de la logia Caballeros del
Oriente, el Comité Cívico, la Gobernación, y éste es un grupo que se
conformó en aquella oportunidad”, afirma Céspedes.
Alegatos. Informe La Razón intentó conocer la versión de Costas
respecto a la acusación de la Fiscalía, pero su vocero, Vladimir Peña,
indicó que él se encontraba empeñado en impulsar la campaña electoral en
marzo y que no se iba a pronunciar. Sin embargo, luego de que la
Vicepresidencia y el Ministerio de Comunicación publicaran una separata y
difundieran spots televisivos en los que involucran a Costas con el
grupo terrorista, el gobernador reelecto se pronunció y llamó “cobarde” y
“terrorista confeso” al vicepresidente Álvaro García Linera. Además
anunció que iniciaría un proceso.
Sobre la presunta participación de Costas, Óscar Ortiz, senador del
Movimiento Demócrata Social (Demócratas), agrupación de la cual el
gobernador es líder, aseveró que la versión no es creíble, porque el
caso fue un montaje del Gobierno para atacar a los líderes de la
oposición, principalmente de Santa Cruz.Aparte, según el asambleísta,
las versiones de Tadic y Tóásó no son verosímiles porque ambos
negociaron su libertad a cambio de incriminar al líder político, lo que
fue parte de una “campaña sucia”.
Un tercer punto pendiente en la investigación es la denuncia del
intento de magnicidio contra el mandatario Evo Morales y otras
autoridades.
El fiscal
Céspedes explica que en los documentos a los que se tuvo acceso, Rózsa
afirmó que la seguridad de altas autoridades del país no era apta,
porque había estado cerca del presidente Morales en el lago Titicaca y
que podía haber atentado contra el gobernante.
Precisamente tras los hechos acaecidos en Santa Cruz, el 16 de abril de
2009, el vicepresidente García Linera denunció que el grupo de
mercenarios pretendía atentar contra su integridad y la del Jefe del
Estado, entre otras autoridades. Basó su afirmación en informes de
Inteligencia que aseguraban que personas lideradas por Rózsa estuvieron
presentes en actos públicos de Morales e hicieron seguimiento al
desplazamiento de sus caravanas y las de algunos ministros.
Ese extremo fue indagado por el exfiscal Marcelo Soza, quien huyó del
país y actualmente se encuentra refugiado en Brasil, pero Céspedes
sostiene que no se llegó a incluir ese punto en la acusación porque los
tiempos procesales de la investigación habían vencido.
Sin embargo, en declaraciones al Consejo Nacional del Refugiado
(Conare) de Brasil, Soza dijo que la teoría del asesinato quedó en el
olvido “porque nunca se pudo conseguir nada que lo sustente”.
Investigación. No obstante, Céspedes remarca que la posibilidad de
indagar el intento de asesinato del Mandatario todavía está abierta.
“Mientras hayan, existan y se descubran indicios sobre otros hechos, es
posible investigar de acuerdo a la importancia que se tenga; si no
tenemos esos indicios, obviamente qué vamos a investigar”, comenta el
representante del Ministerio Público.
Un cuarto elemento que aún está irresuelto es la participación de otros
cinco integrantes del grupo separatista, quienes, según el Ministerio
Público, se fueron del país días antes de que se produjera el atentado a
la casa del cardenal Julio Terrazas, el 15 de abril de 2009, y del día
del operativo policial en el hotel Las Américas. Se trata de Tibor
Revesz (húngaro), Tamas Lajos Nagy (húngaro), Itsvan Pistovak
(eslovaco), Daniel Gaspar (húngaro) y Gabor Dudog (húngaro).
Todas esas personas, asegura Céspedes, eran miembros del grupo armado.
“Son los que han venido y han ingresado al país para apoyar a Rózsa,
pero han salido antes del 12 de abril (2009)”, sostiene el fiscal, y
aclara que no será posible procesarlos porque no se los puede ubicar.
Aun cuando hay temas que todavía deben ser esclarecidos, el Ministerio
Público señala que su teoría respecto a que en el país hubo terrorismo y
alzamientos armados, cuya finalidad era consolidar la separación del
territorio nacional, quedó plenamente demostrada en el juicio denominado
Terrorismo I.
Así por
lo menos lo aseguran Céspedes y su colega Javier Monasterios. Ambos
llegan a esa conclusión debido a que cinco de los principales implicados
se declararon culpables en el grado de complicidad y se sometieron a
juicios abreviados.
El
primero de ellos es Ignacio Villa Vargas, quien recibió una condena de
ocho años por el delito de terrorismo; Juan Kudelka, Mario Tadic, Elöd
Tóásó y Zoilo Salces fueron sentenciados por alzamientos armados y
recibieron una condena de seis años y nueve meses, cinco años y diez
meses, cinco años y diez meses, y siete años, respectivamente.
“El hecho al derecho se ha llegado a adecuar, porque de acuerdo con las
investigaciones y a la aceptación de culpabilidad de estas personas,
ellas manifiestan que se ha cometido esa acción y que han sido parte, de
que evidentemente muchas personas que han sido involucradas en el caso
del terrorismo y están siendo acusadas todavía en este juicio oral, han
sido partícipes de este acto criminal”, indica Monasterios, y
complementa que los dos delitos por los que se inició el proceso
judicial fueron cometidos con la finalidad de lograr el separatismo y la
división de los departamentos de occidente respecto a oriente.
Similar es el criterio que manifiesta su colega Céspedes. “Lo que se
sostiene en la acusación del Ministerio Público ha sido demostrado,
significa que ha existido, se ha cometido el delito de terrorismo, que
existen los hechos y que se ha cometido el delito de alzamientos armados
contra la soberanía del Estado”.
La defensa de los acusados observa que éstos no pueden ser condenados
por complicidad, porque aún no se sentenció a los autores intelectuales y
materiales de este hecho. Sin embargo, según Céspedes, ésa es una
apreciación equivocada. “Pienso que simple y llanamente se ha mencionado
(esa observación) como forma de distraer a la sociedad, al tribunal. El
mencionar que se debe demostrar primero la teoría para demostrar
complicidad, pero técnicamente la complicidad es un delito autónomo, que
se condena por complicidad así no se haya condenado al autor”.
Pero fuentes del Juzgado 1° de Sentencia de La Paz precisan que esas
condenas no prueban que se haya cometido esos delitos y que los
representantes del Ministerio Público deberán demostrar, en el juicio
que está en curso, que hubo terrorismo y alzamientos armados.
Y precisamente con esa finalidad, el proceso judicial ingresará a la
fase probatoria, una etapa crucial en la que la Fiscalía deberá
sustentar con pruebas testificales, documentales y materiales que se
cometieron dichos delitos y también la autoría de los mismos. Para ello,
los representantes del Ministerio Público ofrecieron 42 testigos, 44
pruebas documentales y 115 pruebas materiales.
Entre los declarantes de la Fiscalía se encuentran los investigadores
que intervinieron en el hotel Las Américas y los predios de la Fexpocruz
(Feria Exposición de Santa Cruz); el exfiscal Soza, que está fuera del
país, y algunos de los acusados. Entre las pruebas documentales se
presentarán correos electrónicos, reportes de empresas telefónicas sobre
llamadas entre los involucrados y manuscritos de los presuntos
terroristas. En la prueba material se encuentran las armas, municiones,
aparatos celulares, computadoras, vehículos, entre otros.
Sin embargo, el material explosivo, que también fue ofrecido como
prueba material y que fue secuestrado del stand de Cotas (Cooperativa de
Telecomunicaciones Santa Cruz), en la Fexpocruz, fue destruido por
Bomberos, ya que era de alto riesgo y parte del mismo se encontraba en
estado de descomposición, según informó en su momento el exfiscal Soza.
Algunos de los procesados coinciden en que en esta etapa la Fiscalía
debe comprobar su culpabilidad. “No tengo por qué presentar pruebas, no
tengo nada, el que no hace nada, nada tiene; yo quiero que me muestren
la reliquia que le he vendido (a Rózsa) y voy a desafiar al Tribunal y
al Ministerio Público a ver si esa arma dispara”, afirma Juan Carlos
Guedes, uno de los procesados a quien se acusa de la dotación de armas y
explosivos al grupo irregular, entre otras acciones.
Otro procesado, Juan Carlos Santiesteban, pedirá que los representantes
del Ministerio Público prueben todo lo que se le acusa. “Dónde está el
allanamiento a mi consultorio, el inventario de las armas que dicen que
tenía en mi oficina”. No obstante, asevera que puede demostrar que las
acusaciones en su contra, respecto a que facilitó alimentación y
hospedaje a la célula terrorista, así como atención médica, no son
veraces.
Similar es el
criterio expuesto por el abogado del general Gary Prado, Otto Ritter,
quien comenta que los fiscales deben comprobar, por ejemplo, que su
defendido facilitó información al grupo irregular sobre el despliegue
militar del país, así como que formó parte del Estado Mayor del Frente
Democrático de Defensa y que elaboró documentos para la organización de
milicias en Santa Cruz.
El fiscal Céspedes confirma la situación. “Al formularse una acusación,
quien está obligado a demostrar los fundamentos de la misma es la
Fiscalía y los acusados no tienen por qué demostrar su inocencia, pero
si quieren hacerlo, obviamente tienen todo el derecho”.
Explica que el juicio por el caso Terrorismo I tiene un avance del 80%, por lo que prevé que concluirá a fin de año.
Este proceso judicial, que se instaló el 9 de octubre de 2012 en Tarija
y que prosiguió en Santa Cruz, donde actualmente se realizan las
audiencias, comenzó con la etapa de fundamentación, es decir, la
presentación del caso por parte de los representantes del Ministerio
Público; posterior a ello vino la fase de incidentes y excepciones;
luego el Tribunal recibió las declaraciones de los acusados;
seguidamente la defensa presentó su fundamentación.
http://www.la-razon.com/suplementos/informe/caso-Terrorismo-dejo-cabos-sueltos_0_2245575550.html
A seis años del caso del hotel Las Américas
E ste 16 de abril se
cumplirán seis años del caso Terrorismo en el que se desarticuló a un
grupo armado que tenía la intención de dividir al país, según la
investigación del Ministerio Público.
Ese día, en un operativo policial realizado en el hotel Las Américas,
en Santa Cruz, tres miembros de la agrupación fueron abatidos y dos
fueron detenidos. Luego comenzó un proceso legal, denominado Terrorismo
I, que se encuentra en la etapa de alegatos, y se abrió otro caso,
Terrorismo II, que está en la fase de notificaciones y descargos.
Informe La Razón presenta, en esta oportunidad, una relación completa
de todo el proceso legal, específicamente desde el inicio del juicio,
con las bases legales de la parte acusadora y la defensa. Para ese
efecto, se accedió a los informes del equipo de fiscales en los que se
sustenta la acusación de terrorismo y alzamientos armados.
Pese a que cinco involucrados aceptaron su culpabilidad en el grado de
complicidad y que el Ministerio Público asegura que se comprobó la
comisión de los delitos, la defensa considera que aún no se verificó
fehacientemente la actuación ilegal de los procesados.
En la investigación realizada por este medio se identificaron cuatro
temas pendientes, como quiénes y cuánto se financió en las actividades
separatistas; cuál fue la actuación del gobernador electo por Santa
Cruz, Rubén Costas; si hubo intento de magnicidio; y qué pasó con el
resto de los integrantes del grupo irregular.
Además, La Razón estuvo en Santa Cruz para presenciar las audiencias
del juicio y conocer a fondo la vida de los acusados en reclusión, en un
trabajo periodístico que presenta la otra mirada de un caso que alteró a
todo el país.
http://www.la-razon.com/suplementos/informe/anos-caso-hotel-Americas-informe-editorial_0_2245575559.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario