La Cancillería nacional ha negado las versiones
llegadas del periódico chileno La Tercera en sentido de que hubiese una
oferta secreta enviada por nuestro país “para negociar una salida al mar
a cambio de bajar la demanda”. Ese diario había comunicado asimismo que
por “altas fuentes” se conocía que: “Entre el 18 y 19 de diciembre, la
Cancillería boliviana, de manera informal, hizo llegar a Chile un
mensaje. La Paz expresaba su voluntad de abrir una negociación bilateral
para la obtención de un enclave con soberanía al norte de la caleta de
Pisagua, junto a la quebrada de Tiliviche”. Ante dicha noticia, nuestro
Ministerio de Relaciones Exteriores ha manifestado públicamente que
“Bolivia no ha hecho llegar a Chile ningún mensaje ni formal ni
informalmente”. Y ha agregado que la demanda continuará “en los plazos
previstos por ese alto tribunal”.
El asunto del
enclave no es cosa nueva en la historia de nuestras relaciones con
Chile. Basta recordar que en diciembre de 2010 hubo noticias
provenientes de Santiago donde se informaba que el presidente de
entonces, Sebastián Piñera, habría rechazado un preacuerdo estipulado
durante el primer gobierno de la señora Bachelet. Este documento habría
sido redactado por la Cancillería boliviana y debía ser corregido por la
chilena.
La base del acuerdo sería la entrega de un
enclave a Bolivia en un punto entre el sur de la quebrada de Camarones y
el norte de Iquique, pero sin soberanía. La zona comprendería una
caleta deshabitada de una dimensión de hasta 400 km cuadrados, con el
fin de que se pudiese instalar un eje urbano. Se dice que las
negociaciones avanzaron tanto que tres técnicos bolivianos, acompañados
por tres chilenos, habrían viajado a ese lugar. En esa caleta, Bolivia
podría construir un puerto, el cual tendría una gran limitante, ya que
solo serviría para la comercialización de minerales como hierro y litio,
y no para la carga en general. El gobierno de la señora Bachelet no
deseaba que ese puerto hiciera competencia a los de Arica o de
Antofagasta.
Felizmente el gobierno de Piñera rechazó
entonces esa absurda propuesta. Ella hubiese sido muy desgraciada para
Bolivia, ya que dicho enclave, junto con Ilo, Puerto Rosario y otras
zonas francas conferidas a nuestro país, se habría constituido en un
remedio apenas simbólico.
Cabe señalar que un enclave
no quedaría vinculado territorialmente al país. Y eso es muy negativo,
pues en Bolivia hay un anhelo de poseer un puerto soberano conectado a
la nación, como sucedió en la negociación de Charaña, cuando Chile
ofreció un corredor al norte de Arica con plena soberanía.
Es menester recordar que durante el gobierno de Ricardo Lagos, Chile
nos ofreció un enclave en el puerto de Patillos, cerca de Iquique, sin
soberanía, pero con gran autonomía. Esa concesión se otorgaba como una
mayor facilidad de tránsito, pero nunca se habló que ella se
constituyese en una solución del problema marítimo nacional. Además, ese
puerto tenía un fin específico, la instalación en él de plantas de
licuefacción para exportar gas a ultramar.
Si el
puerto de Patillos, con todas las facilidades que se dispensaba, no fue
aceptado por Bolivia, entonces, ¿cómo se puede pensar que ahora se esté
negociando otro enclave en peores condiciones y poniendo como
retribución la retirada de nuestra demanda en La Haya? Por ello se puede
decir que nuestra Cancillería ha actuado muy bien al haber rechazado
categóricamente toda relación con el enclave.
La
única solución aceptable del problema marítimo es lo ofrecido por Chile
en la negociación de Charaña. Mediante nota de 19 de diciembre de 1975,
el Gobierno chileno determinó ceder a Bolivia un corredor al norte de
Arica. Ese corredor incluía el ferrocarril de Arica a La Paz, el
aeropuerto de Chacalluta y el camino de Arica a Visviri, vinculado al de
Charaña a La Paz. En cuanto al Litoral, éste comprendía de 8 a 10 km,
lo que hubiera permitido la construcción de un puerto tan amplio como el
de Arica, que solo abarca un kilómetro y medio.
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