Todos los bolivianos debemos estar de plácemes. Después de 135 años, el asunto de nuestro encierro marítimo toca puerto, finalmente. Quizá el peor error de la tradición diplomática de Chile fue haber hurgado permanentemente en la herida de la conciencia nacional boliviana, en vez de buscar curar las heridas de la guerra y dedicar sus esfuerzos a construir una verdadera paz, justa y duradera en lugar de adiestrarse en humillar a sus vecinos (escribir la verdad histórica y no dedicarse a encubrirla con la reconstrucción militar minuciosas de batallas en que se sale victorioso podría ser un buen inicio). Basta ver los documentales al uso que todavía hoy jóvenes realizadores chilenos elaboran para darse cuenta que la política hacia sus vecinos ha sido errada y parece que no cambiará por iniciativa propia de sus élites gobernantes (¿es preciso recordar el monitor peruano Huáscar, que Chile conserva y exhibe como trofeo de guerra cada vez para conservar abierta el resentimiento antiboliviano entre algunos peruanos?)
La historia de la causa marítima boliviana llega a un punto decisivo. Debemos estar unidos y apoyar en lo que necesite al presidente Evo Morales, que ha tenido la determinación de hacer suya una causa cuyos caminos otros gobiernos no alcanzaron a vislumbrar por sus propias limitaciones. Al general Guido Vildoso Calderón, a los licenciados Jaime Paz Zamora, Tuto Quiroga, Carlos Mesa Gisbert, al juez Rodríguez Veltzé felicitarlos y desearles suerte y bendiciones, en todo caso, por haber sido constantes y perseverantes, porque no se rindieron y conservaron encendida la antorcha de nuestra libertad marítima.
En lo personal, en algún momento tendré que encontrar la calma suficiente para escribir el porqué de mi interés personal en el tema. Porqué, recién a mis 45 años de edad, un asunto del que sólo conocía por las clases de educación cívica en la escuela primaria se me fue convirtiendo en cuestión de vida o muerte y empecé a dedicarle mis vigilias y mis lucideces durante los tres últimos años de vida. Trabajo a tiempo completo de investigación en bibliotecas bajo la sospecha de espionaje internacional y en las peores condiciones de vida que se pueda imaginar. Aunque no seamos historiadores, es gratificante ver que un tema que a nadie interesó en tu país y que en lo académico tampoco parecía aportar mucho, una causa por la cual nadie estuvo dispuesto a pagar dos centavos, llega finalmente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
En los últimos años Bolivia --hablo de la Guerra de Goni, o la Guerra del Gas-- sólo agachó la cabeza y aguantó las bofetadas a ciegas, sin saber si la mano provenía de propios o de extraños. Ahora ha tomado la iniciativa para dejar de ser una víctima de la Historia para convertirse en su propia protagonista. El que se piensa como boliviano sabe lo que eso significa.
Los detalles técnicos quedan a consideración del lector. En esta bitácora sólo reúno una pequeña parte de lo publicado y tratado por la prensa en los últimos tres años. No fue esta la intención, debo anticipar. Soy un apasionado de la historia de la literatura de mi país, pero al empezar con esta bitácora no sabía qué rumbos iba a tomar. Como decía Albert Einstein: si supiéramos qué buscamos, no se llamaría investigación.
Abajo, dejo para la posteridad la versión oficialista de Ricardo Aguilar Agramont, que me parece aprovecha la ocasión para llevar agua a su molino (entre bromas y en serio, La Razón tiene la potestad de re escribir la historia inmediata); pero en fin, Dios y los dioses de García Linera lo sabrán. Como se suele decir, esa es otra historia.
En duda la fe del Estado chileno, la
tesis
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El
proceso de redacción de la demanda marítima requirió un trabajo minucioso que
desemboca en la entrega de la memoria esta semana. A continuación se narran
detalles de cómo se elaboró la ‘Solicitud para instaurar procedimientos ante la
Corte Internacional de Justicia’.
Molares ya está
en Holanda; la memoria será entregada a las 09.00 hora boliviana
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El presidente Evo Morales llegó la mañana de hoy a
Ansterdam, Holanda, y mañana (09.00 hora boliviana) participará en La
Haya en la entrega de la memoria que sustenta la demanda contra Chile ante la
Corte Internacional de Justicia (CIJ). El presidente en ejercicio, Álvaro
García, dijo que acudir al tribunal fue una decisión ‘valiente’ que busca el
respeto al derecho boliviano de una salida soberana al Pacífico.
Morales encabeza la comisión que este martes se presentará
ante el tribunal internacional, que en abril de 2013 recibió la demanda
boliviana que busca obligar a Chile a negociar una salida soberana al mar en
virtud a los ofrecimientos que hizo a lo largo de la historia para resolver el
diferendo arrastrado desde 1879.
García asumió la Presidencia interina del Estado y en un
acto de entrega de tractores en la Universidad Indígena Túpac Katari, en
Huarina, explicó que Bolivia optó por los tribunales ante la falta de
respuestas a la exigencia de una solución dialogada sobre este diferendo.
“Después de haber esperado más de 100 años de diálogo, de diálogo que no
funciona, el Presidente ha tomado una decisión valiente”, destacó.
El canciller David Choquehuanca y el embajador y agente
ante la CIJ, Eduardo Rodríguez, forman parte, junto a una delegación de diputados
y senadores, de la misión encargada de entregar la memoria, que incluye los
argumentos jurídicos e históricos que sustentan la demanda contra Chile, país
que tiene hasta febrero de 2015 para responder con una contramemoria.
“Hoy acudimos al mundo, a un tribunal internacional, para
exigir el cumplimiento de nuestro derecho de nuestra salida al mar”, afirmó
García en el acto de entrega de equipos transmitido por medios estatales.
Antes de iniciar viaje, el Presidente expresó este domingo
su confianza en la justicia internacional. “De verdad nos trasladamos confiados
no solamente en la justicia internacional sino también confiados en el pueblo,
en la Madre Tierra, en nuestros dioses y convencidos de que esta injustica debe
ser reparada desde la CIJ”, manifestó.
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| Ricrado Jaimes Freye (1866-1933) |
La demanda
marítima de Tamayo
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El Tratado de Versalles (1919) da fin a la Primera Guerra
Mundial. Este pacto ensaya una instancia política para resolver los desacuerdos
entre Estados, la llaman la Liga de las Naciones. El artículo 19 del tratado
motivó a que un grupo de bolivianos (Franz Tamayo, Florián Zambrana, Félix
Aramayo, Demetrio Canelas y José Espada, acreditados por el presidente Bautista
Saavedra) lleve adelante el planteamiento de una demanda de revisión del
Tratado de Paz firmado con Chile en 1904.
La solicitud fue negada y levantó una polémica entre
Tamayo, que deseaba quitarse toda responsabilidad del fracaso, y Ricardo Jaimes
Freyre, recientemente nombrado canciller, quien afirmó antes de ser posesionado
que “la demanda de Bolivia es un fracaso” y que aceptaba el dictamen.
Hay que establecer que una comparación de esta primera
experiencia con la actual demanda boliviana en La Haya es insostenible. Para
probar esto basta revisar la transcripción de la interpelación del diputado
Tamayo al canciller Jaimes Freyre en 1922 y los datos históricos de Jorge
Escobari en su libro Historia de la diplomacia en Bolivia y Jorge Gumucio y su
estudio
El enclaustramiento marítimo de Bolivia en los foros del
mundo. Tras la firma del Tratado de Versalles se realizaría la Primera Asamblea
de la Liga de las Naciones en 1920. El 1 de noviembre, el grupo de bolivianos
presenta la demanda “invocando” el artículo 19 del pacto.
A una primera lectura del pedido boliviano y del artículo
19 al que se refiere, se ve un problema. Del texto redactado por Franz Tamayo,
según el historiador Escobari, se dice que fue elaborado en 48 horas.
“Bolivia invoca el artículo decimo-noveno para obtener de
la Liga de las Naciones la revisión del Tratado de Paz firmado entre Bolivia y
Chile [...]”. Mientras que el mencionado artículo de Versalles dice: “[...] la
Asamblea podrá invitar a los Estados miembros de la Liga a proceder a un nuevo
examen de los tratados que hayan llegado a ser inaplicables [...]”.
Tamayo pide que sea la Liga la que haga la revisión del
Tratado, mientras que el artículo 19 de Versalles dice que la Asamblea solo
puede “invitar” a que los Estados parte lo hagan. Asimismo, los delegados
bolivianos decidieron presentar el documento a sabiendas de que la inserción de
temas había expirado el 15 de octubre... Juan José Vidaurre, en su libro Puerto
para Bolivia, dice que la demanda fue planteada “sin bases firmes [...], fue
mal redactada”.
Al siguiente año (1921), se trata de insertar en el orden
del día el pedido revisionista boliviano para la Segunda Asamblea de la Liga. Esta
instancia nombra a tres asesores expertos para el análisis de la solicitud. La respuesta
es lapidaria: “La
demanda de Bolivia, tal como ha sido presentada, es inadmisible; pues la
Asamblea de la Sociedad de las Naciones no puede modificar por sí misma ningún
tratado”.
Luego, el presidente Bautista Saavedra nombró como
canciller a Jaimes Freyre. El diputado Tamayo lo llamó a una interpelación en
el Parlamento que se realizó del 10 al 28 de enero de 1922, en busca de un voto
de censura y la renuncia del nuevo ministro por haber manifestado poca fe en la
demanda y por decir que estaba dispuesto a aceptar la decisión de los tres
juristas de la Segunda Asamblea.
La lectura de la transcripción de las secciones y de las
repercusiones periodísticas fascinan... Se trata del enfrentamiento de dos egos
desbocados, no sin razón: ambos literatos reconocidos en vida no solo en el
país. En el trasfondo de la polémica están los recelos literarios de ambos
modernistas. Hoy la historiografía reprocha la actuación de Tamayo en este
caso.
La interpelación comienza con una alusión erudita de
Tamayo a la Batalla de Fontenoy (Bélgica) entre ingleses y franceses en el
siglo XVIII como metáfora de que nadie quiere dar el primer balazo. El reproche
de Tamayo se refiere a algo que Freyre dijo cuando era diputado y no miembro
del Ejecutivo. Tamayo da al debate un cariz místico (desdoblamiento) o quizás
psiquiátrico (álter ego): se pregunta si el ciudadano Jaimes Freyre puede o no
tener opiniones distintas del canciller Jaimes Freyre sobre la política
internacional de Bolivia.
Tamayo está convencido de ser el poseedor de lo que
Bolivia quiere en cuanto al tema del mar, por lo que acusa a Freyre de que
cuestionar la demanda en la Liga es desear lo contrario al deseo de los
bolivianos.
A momentos las respuestas de uno y otro son casi
infantiles: “lo gracioso queda para usted”, le dice Freyre a Tamayo, casi con
la fórmula
de la niñez
con que se neutraliza un insulto: “espejito-espejito” o “tú lo serás”.
Otras veces hay una suerte de ataques seguido de un rápido
contraataque, pero eso se da en el menor de los casos, pues en general arremete
solo Tamayo. Un ejemplo de estas escazas seguidillas es esta: Tamayo:
“El señor ministro (Freyre) no se percata en declarar ‘la demanda
de Bolivia es un escandaloso fracaso’”. Freyre: “No he dicho escandaloso, señor
diputado”. Tamayo: “La palabra ‘escandaloso’ tal vez es mía”.
Un día de la interpelación, Tamayo alardea que viene
rechazando la Cancillería desde 1902, para así subrayar que no lo mueve la
envidia. También acusa a Freyre de ser ministro del Partido Liberal, cosa
delicada considerando que el saavedrismo era republicano.
Al final de la contienda, la propuesta de censura de
Tamayo logra solo cinco votos y Freyre sale políticamente indemne pero no
fisiológicamente intacto, pues queda al borde de un colapso nervioso, según se
puede leer en una nota del Diario del 22 de enero de 1922 que señala: “que se
mejore don Ricardo y que se le atempere la ira a don Franz”...
 |
| "La única servidumbre que no mancha es la de la ley" Franz Tamayo (1879-1956) |
De cómo en la
demanda marítima triunfó la idea de los ‘actos unilaterales’
El proceso de
redacción de la demanda marítima requirió un trabajo minucioso que desemboca en
la entrega de la memoria esta semana. A continuación se narran detalles de cómo
se elaboró la ‘Solicitud para instaurar procedimientos ante la Corte
Internacional de Justicia’.
La Razón (Edición Impresa) / Ricardo Aguilar Agramont / La
Paz
00:07 / 13 de abril de 2014
La Haya (Holanda). Los miembros del Consejo de Reivindicación Marítima
están en el Palacio de la Paz, el edificio neorenacentista que alberga a la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) desde 1946. El objeto de la visita de la
delegación boliviana es presentar el documento “Solicitud para instaurar
procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia” en referencia al
enclaustramiento marítimo del país. Son tres años de trabajo y análisis de este
texto, más conocido como la Demanda marítima, que desembocan en el 24 de abril
de 2013.
Los delegados se sientan en una mesa de grandes dimensiones frente al
secretario de la Corte, el belga Philippe Couvreur, quien está flanqueado por
dos asesores a cada lado. Los bolivianos entregan el documento de la Solicitud
al Secretario de la CIJ. Este escrito, si se permite una licencia analógica, es
a la Memoria (a ser presentada este 17 de abril) lo que un resumen de tesis a
una tesis concluida.
Después de que los representantes bolivianos entregan al Secretario lo
que a simple vista son solo tres decenas de hojas, siguen cuarenta
interminables minutos que para los delegados que trabajaron desde el anuncio de
la creación de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar), el 23 de
marzo de 2011, son de mucha tensión y nerviosismo, según la reconstrucción que
se puede hacer en base a diversas fuentes.
La más mínima llamada de atención de la Secretaría sobre un error formal
en el planteamiento del documento sería lapidaria para el país, aún cuando
pudiera ser corregida luego, pues no solo sería dar pábulo al gobierno de
Sebastián Piñera para mofarse de las pretensiones bolivianas en la CIJ, sino, y
sobre todo, significaría empezar el proceso judicial con el pie izquierdo, con
una mácula en su origen.
El secretario y sus cuatro asesores se distribuyen fragmentos del texto
de 30 páginas de acuerdo con sus especialidades. Los minutos pasan. Hay
silencio... Finalmente, se oye decir a Couvreur: “Encuentro la
demanda impecable”.
Esto contrasta con la demanda presentada ante la naciente (y pasajera)
Asamblea de la Liga de las Naciones en 1920 y 1921 por el entonces diputado
Franz Tamayo, la que además de tener otro objeto (la revisión del Tratado de
1904) fue calificada por tres juristas de esta instancia política como
“inadmisible”, “tal como ha sido presentada (...)”.
El trabajo para la redacción de la actual demanda marítima —que será
desarrollada con la entrega de la Memoria este jueves— fue arduo y llevado a
cabo casi en secreto. Implicó la redacción de numerosos borradores para llegar
al definitivo. A continuación se reconstruyen algunos detalles hasta ahora
desconocidos de cómo se desarrolló el proceso de escritura de un texto que al
final mereció el adjetivo de “impecable” por parte del Secretario de la Corte.
La historia de la decisión de acudir a la CIJ podría remitirse a los
distintos diálogos y negociaciones directas con Chile y al ánimo que sus
gobiernos siempre tuvieron de prorrogar su falta de voluntad cada vez más
manifiesta de no resolver el enclaustramiento marítimo, hasta el rompimiento
unilateral de Chile de la agenda de los 13 puntos con la inasistencia
deliberada de su canciller, Alfredo Moreno, a las reuniones de esa agenda en
que se debía tocar el sexto punto, el del mar.
Diremar. Tras el anuncio del 23 de marzo de 2011 del presidente Evo
Morales, de crear Diremar para la elaboración de la demanda, Rubén Saavedra
(hoy Ministro de Defensa) asume el mando en abril de ese año. Duraría poco
tiempo en el cargo, ya que en noviembre es relevado por Juan Lanchipa. Saavedra
solo pudo abocarse a la parte organizativa, contratando personal, asesores
internacionales, investigadores nacionales y la asignación de las tareas. Por
ejemplo, se contrata al historiador Fernando Cajías y a su equipo para que
busquen información.
Ya bajo el mando de Lanchipa, se inicia la morosa búsqueda y el hecho de
relievar todo tipo de información relativa al tema marítimo (material
bilbliográfico, hemerográfico, de mapotecas, temas jurídicos, diplomáticos,
históricos, políticos, económicos) sin que se priorice un determinado periodo
temporal.
Se envían notas a instituciones relacionadas con el tema como las
Fuerzas Armadas, a las legaciones diplomáticas en el exterior, archivos de todo
el país, bibliotecas, entre otras.
Hipótesis. La fase de recopilación de datos es una de las tareas más
intensas, sin embargo, está acompañada, paralelamente, de la elaboración de
hipótesis jurídicas que potencialmente podían ser utilizadas en la demanda, y
los análisis correspondientes de cada una. Para esto se diseña una rigorosa
metodología de investigación y construcción de hipótesis jurídicas.
Así, surgen, entre otras, las hipótesis del incumplimiento del Tratado
de 1904, de revisión del mismo, o de su total nulidad. Además de la hipótesis
de las islas e islotes que no estarían comprendidos en el Tratado de Paz y
Amistad de 1904.
No se descarta ninguna de las formulaciones y se analizan todas sus
aristas. Por ejemplo, la posibilidad argumentativa cimentada en el
incumplimiento del Tratado mereció en un principio mucha atención:
jurídicamente, ¿hasta dónde permitía el Derecho Internacional llevar un caso
sustentando la demanda en el incumplimiento de este pacto?
Se hace lo propio con la hipótesis de la revisión del Tratado (que
intentó hacer Franz Tamayo en 1920 y 1921) y con la de su nulidad. Cada
hipótesis es sustentada en cimientos y doctrina propios para luego ser
contrastada con las normas vigentes en el marco del Derecho Internacional.
En el caso de la hipótesis de la revisión, se estudia el caso de 1920,
1921 y el “duelo de titanes” entre el diputado Franz Tamayo y el nuevo
canciller Ricardo Jaimes Freyre. Se ve que había un error de origen: se hace
una solicitud a una instancia no jurisdiccional, sino política: la Asamblea de
la Liga de las Naciones. Éste es un antecedente que no admite comparación con
la demanda actual.
Finalmente, las hipótesis relativas al Tratado de 1904 son descartadas
en favor de los denominados actos unilaterales de los Estados que crean
obligaciones, es decir, de las promesas unilaterales que Chile hizo a Bolivia
de otorgarle una salida soberana al mar. Este movimiento ha sido difícil de
digerir para los detractores chilenos de la demanda alineados a la política más
rancia de Chile, que se empeñó en descalificar la demanda diciendo que el
Tratado de Paz y Amistad no era revisable por ser anterior al Pacto de Bogotá y
que la Liga de las Naciones ya había rechazado tal posibilidad. Solo el nuevo
canciller chileno, Heraldo Muñoz, fue capaz de admitir que la demanda boliviana
no tenía nada que ver con ese pacto de 1904.
De este modo, las promesas unilaterales de un Estado lo obligan a
cumplirlas: tal es el elemento de la hipótesis que se comienza a perfilar en el
equipo de juristas nacionales e internacionales como la más factible para el
caso boliviano. Nótese que el concepto utilizado es “actos unilaterales” que
crean obligaciones, y no “derechos expectaticios”.
La redacción se inicia y Bolivia hace el primer borrador de varios, que
es presentado al equipo de juristas. Comienzan intensas reuniones para que se
ajuste la redacción a los reglamentos formales de la Corte. Se va puliendo cada
aspecto hasta llegar a la versión definitiva.
Antes de tener el texto final, paralelamente a las redacciones, se
inicia el trabajo de recolección de las fuentes documentales, que fue una de
las etapas más complicadas.
Las fuentes. Ya con la determinación del argumento y el fundamento
jurídico, se analizan las posibles objeciones y cotraargumentos chilenos ante
las razones jurídicas bolivianas, puesto que las consideraciones históricas son
importantes en la CIJ, pero el debate sobre todo es jurídico.
Es entonces que se buscan fuentes que generen bases que prueben los
actos unilaterales de Chile en referencia a solucionar el enclaustramiento
boliviano, es decir, sus obligaciones incumplidas. Se consideran fuentes
documentales que sostengan la hipótesis para fortalecer el argumento y sus
fundamentos.
En la demanda no se detallan todos los actos unilaterales de Chile que
crearon su obligación hacia Bolivia de negociar una salida al mar, ya que el
detalle de cada una de estas promesas incumplidas figurará en la Memoria.
Desde el primer borrador hasta el texto final hay un número de
borradores que se fueron revisando hasta llegar al definitivo Petitum
(Petición) de tres momentos: 1. Chile se ha obligado a solucionar el
enclaustramiento a través de varios actos unilaterales; 2. Chile ha incumplido
esa obligación; y 3. que la Corte debe ordenar a que Chile cumpla su obligación
de negociar de buena fe en determinado plazo. Toda la documentación que se
incluye en la demanda está dirigida a cumplir con estos tres momentos. En
todo tramo se pone el acento en la búsqueda de justicia y se evita cualquier
indicio o sugerencia de una victimización boliviana.
Juristas. En la actualidad, hay un equipo de varios expertos extranjeros
en Derecho Internacional que asesoran a Bolivia. No obstante, para las
distintas fases de la elaboración de la demanda hubo que reconstituir el equipo
de juristas.
Cuando se diseña la hoja de ruta de las hipótesis, éstas son sometidas
al criterio jurídico de un primer equipo para que desde una visión imparcial
formule criterios sobre la validez o invalidez de la hipótesis, hasta llegar al
fundamento de los actos unilaterales como el más viable y sólido.
Entonces se vuelve a conformar el equipo que discute los alcances de un
fundamento basado en los actos unilaterales. Se hacen ajustes a la tesis que
sale de Diremar, la que se considera razonablemente más viable. Es entonces
cuando se comienza el análisis político de las consecuencias nacionales e
internacionales de la demanda que ahora se conoce.
Termómetro. De la primera solicitud de 1920 a la Liga de las Naciones se
critica su desprolijidad en la redacción de Tamayo así como que no se midió el
clima internacional del momento. Esta vez —cuando se define en 2012 una hipótesis
que no se iba a pedir de manera directa la restitución de territorios ni la
revisión del Tratado de 1904— se hace un sondeo de extrema cautela para ver la
reacción de la población boliviana sobre una demanda que no plantea
directamente el tema territorial. El sondeo dura seis meses. En su resultado,
la mayoría se manifiesta escéptica ante una demanda que plantee la restitución
sin más del territorio del antiguo departamento del Litoral.
Adicionalmente, se organiza una consulta internacional, sin dar detalles
de la estrategia, a académicos internacionales de varias partes del mundo.
¿Cómo vería una demanda internacional contra Chile ante la CIJ?, ¿qué imagen
tendrían de Bolivia?, ¿si las relaciones se afectarían? Todos los comentarios
de personalidades internacionales —que no precisamente comulgan políticamente
con el gobierno de Morales— fueron positivos. Asimismo, recomendaron que la
cuestión sea separada totalmente de lo político y se mantenga la demanda
como un tema estrictamente de Estado.
En general, los hechos narrados se llevan adelante casi de manera
simultánea hasta la entrega del documento final de la demanda, la cual es
desarrollada en la ahora ya acabada Memoria, que será entregada esta semana en
Holanda. Los delegados bolivianos darán el siguiente paso en el mismo
escenario: el Palacio de la Paz.
Héctor Arce
Zaconeta: Así pongan miles de abogados, el mar es un tema de derecho
Por ahora, la
Procuraduría está más abocada a atender los procesos de arbitraje internacional
que empresas nacionalizadas instalaron contra el Estado boliviano. Se prepara,
sin embargo, anuncia Arce, una reforma del sistema de la defensa legal del
Estado.
Héctor Arce. Foto: Víctor
Gutierrez.
La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos / La Paz
00:04 / 13 de abril de 2014
El nuevo procurador general del Estado, Héctor Arce, remarca que, sean
cuales fueren las señales políticas de Chile sobre la demanda marítima
boliviana, para el país debe quedar claro que lo que se irá a discutir allí (en
memorias, contramemorias y lo que venga) será el puro y duro derecho. “Uno
tiene o no tiene un derecho” y eso se va a litigar en La Haya; ésa es la
posibilidad y ése también es el límite, destaca.
A propósito de la institución que ahora preside, Arce adelanta que una
de las primeras tareas que se impuso la Procuraduría es la, por así decir,
reforma de los abogados del Estado.
— En el tema de la demanda, ¿cuál es el rol
de la Procuraduría?
— El Estado encara la demanda en tres espacios de trabajo: el primero,
el Consejo de Defensa Marítimo, conformado por los ministerios de Relaciones
Exteriores, Defensa, Presidencia, Transparencia y la Procuraduría. El segundo
es el de los asesores externos, abogados internacionales de alto nivel; y el
tercero es el del agente Eduardo Rodríguez Veltzé, con su base en La Haya.
— Chile anunció un Consejo contra la demanda de 35
asesores
— Respetamos lo que haga Chile, y está en todo su derecho de munirse de
la cantidad de abogados, expertos y exautoridades que desee; es parte del
ejercicio de su derecho a la defensa; pero sí advertimos varias muestras de
preocupación: ha pedido una reunión con el presidente
de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), está conformando
equipos numerosos; hay una preocupación frente a la
claridad del derecho boliviano; hay una excesiva cantidad de declaraciones
públicas, lo que muestra nomás un grado de nerviosismo. Nosotros en Bolivia
estamos trabajando con la mayor responsabilidad jurídica e histórica.
— Pero éste es un tema básicamente técnico y
jurídico
— No se consigue ni consolida un derecho por el número de abogados; uno
tiene o no tiene un derecho y eso está establecido en el marco de la realidad
objetiva. Bolivia tiene un derecho de volver al océano Pacífico con soberanía,
y ése es un derecho que así sean miles de abogados no van a poder desvirtuar
jamás porque es algo que en derecho y en justicia le corresponde al Estado
boliviano.
— El litigio Perú-Chile parece que aportó lo suyo a
la Memoria
— Por disposición reglamentaria de la CIJ el contenido de la Memoria y
la Contramemoria que va a presentar Chile, y si es que hubiera una dúplica y
una réplica, es totalmente reservado; nosotros no podemos adelantar
absolutamente nada.
— En la labor de la Procuraduría, ¿en qué van los
tratados que hay que adecuar a la Constitución?
— Muchos tratados bilaterales de inversión ya han sido denunciados; sin
embargo, las cláusulas de los mismos tratados nos obligan a permanecer, bajo el
amparo del tratado o cumpliéndolo, en algunos casos por 10, 15, por una
cantidad x de (años). Las normas de derecho internacional no dependen del
derecho interno. Cuando uno suscribe un tratado internacional, se obliga en su
cumplimiento en los cánones que el tratado dice, y no puede aducir su derecho
interno para no cumplirlo.
— Uno de los temas más sensibles es la recuperación
de recursos por parte del Estado
— La Procuraduría tiene la Subprocuraduría de registro, seguimiento,
supervisión e intervención. Noso- tros controlamos, o debemos hacerlo, a la
totalidad de unidades jurídicas del Estado en los niveles central,
departamental y municipal.
— ¿Cómo ha encontrado a las instituciones del
Estado en lo referido a su defensa legal?
— Hay mucho que formar en los abogados del Estado, y generar un espacio
de máxima responsabilidad. Por lo general, en el pasado siempre los abogados
menos calificados eran los abogados del Estado; abogados que llegaban a veces
por cuoteo político, por algún favor o por alguna circunstancia especial, y eso
no debe ser así. El defender al Estado es defender los intereses de todos, y el
Estado debe ser el mejor defendido; los mejores abogados deben estar en la
defensa del Estado. Lamentablemente en nuestras universidades (no se forma en
esto), nosotros planteamos, cuando estábamos en Defensa Legal del Estado, un
proyecto para crear la cátedra de Defensa Legal del Estado y había un
compromiso del Consejo Universitario de la UMSA de crearla; vamos a impulsar
nuevamente el que en todas las facultades de Derecho se introduzca esta
cátedra, donde se enseñe los valores, la ética, las bases constitucionales y la
labor efectiva que debe cumplir un abogado en la defensa de los intereses del
Estado.
— Dónde estará la mayor falencia, entre los tres
niveles
— En el nivel municipal, donde se necesita una mayor supervisión.
— ¿No será un tema de mejorar la normativa, cambiar
ciertas leyes?
— Soy enemigo de creer que todo se arregla por leyes. Los temas casi no
se arreglan por leyes; muchas veces se arreglan por actitudes, la ley es tan o
buena o tan mala dependiendo en manos de quién está. Más que un tema de reforma
normativa yo veo que es un tema de cumplimiento de las normas y un cabal
entendimiento de lo que son éstas.
— A lo que voy es que al parecer las empresas que
litigan con el Estado tienen muchos recursos legales para ganarle
— Justamente por eso los abogados del Estado tienen que ser muy
profesionales; abogados que sigan lineamientos que se van a producir desde la
Procuraduría a través de dictámenes. Nunca más tiene que darse el hecho de que
lo más fácil del mundo sea hacerle un juicio al Estado, sea un municipio,
gobernación o ministerio. Muchas veces entraban en contubernio, el abogado que
demandaba, el abogado de la entidad, más el juez; eso tiene que terminar.
— ¿Pero cuál es el poder real que tiene la
Procuraduría?
— Puede llegar a recomendar, instruir, supervisar y en algunos casos a
intervenir. Es la primera institución jurídica del Estado, única institución
totalmente nueva desde la vigencia de la CPE; es la cabeza de la defensa de los
intereses del Estado, a través de la función de defensa directa, de evaluación,
supervisión, seguimiento y control, donde también tiene la función de formación
de abogados del Estado, y otra función de asesoramiento y de producción
normativa; nosotros podemos producir normas y producir entendimiento sobre las
normas, lineamientos para que sean seguidas por todos los abogados del Estado.
— ¿Hacia dónde están dirigiendo más su atención
ahora?
— Nuestra responsabilidad en esta coyuntura está más abocada al tema de
los arbitrajes internacionales, pero tienen que funcionar todos los mecanismos
paralelamente. Y más concentrados en esta coyuntura por sobre todas las cosas
en el tema marítimo, a través de mi persona.
— Un proyecto al parecer estratégico es la Escuela
de Abogados
— Es una institución a la que van a tener que recurrir obligatoriamente
todos los abogados que quieran trabajar en el Estado. Estamos haciendo un
rediseño curricular, por el que a los abogados se les va a enseñar la
Constitución, la base constitucional, la visión que tiene el Estado, la ética
del funcionario público y todos los parámetros y procedimientos que debe
conocer un funcionario. Vamos a tener una presencia nacional, y de aquí a unos
años, un abogado no va a poder ser abogado del Estado si es que no ha pasado
clases, si no tiene un diplomado, una especialidad o una maestría en la Escuela
de Abogados del Estado.
— ¿Será primero para los que ya están trabajando?
— Para todos. En uno o dos años vamos a lanzar los primeros cursos
de carácter obligatorio. Además, a través de la dirección de seguimiento vamos
a establecer un registro de los abogados del Estado; en los próximos meses
vamos a lanzar un programa para que todos los abogados que quieran trabajar en
el Estado tengan un registro especial; así como hay un registro del Colegio de
Abogados, (habrá) un registro en el Consejo de Abogados del Estado. Por
supuesto vamos a ver que no tengan una sentencia condenatoria, que hayan
cursado un cierto grado de formación. Obviamente vamos a ir avanzando
gradualmente.
— ¿Las autonomías no resistirán al control que
anuncia?
— No, porque nosotros tenemos una función constitucional. Se están
registrando y evaluando los casos en Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Beni, en
todas partes.
— Es simbólico que la Procuraduría tenga su sede en
El Alto
— Más allá de los problemas y las distancias, yo creo que es un honor
trabajar en El Alto, en una ciudad que nos ha dado muestras a todos los
bolivianos de que se puede entregar hasta la vida misma por la defensa del
Estado; qué mejor que aquí funcione, como entidad insignia de El Alto, la
institución nacional encargada de la defensa de los intereses de todo el país.
Datos
Nombre: Héctor Enrique Arce Zaconeta
Nació: 10-02-1971
Profesión: Abogado
Cargo: Procurador General del Estado
Perfil
Héctor Arce se licenció de abogado en la Universidad Mayor de San
Andrés; tiene una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Andina
Simón Bolívar, y es candidato a Doctor en Derechos Humanos, Democracia y
Justicia Internacional en la Universidad de Valencia, España.
Se pagará solo si hubo inversión de las empresas
En la rendición de cuentas que hizo por la gestión 2013 (en diciembre
del año pasado), el exprocurador Hugo Montero reveló que cinco empresas
nacionalizadas estaban demandando 1.835 millones de dólares como compensación a
sus inversiones realizadas en el país. Pan American Energy (PAE) pide 1.493
millones; Quiborax, 146; Rurelec, 142; Abertis Infraestructuras, 49; y, BV
Global Investments, 5,5 millones de dólares. En el caso de Rurelec, el laudo arbitral
emitido el 31 de enero por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya dispuso
el pago de 28,92 millones de dólares, más intereses.
— ¿Cuál es el parámetro para la compensación? ¿Qué
se paga?
— Hay que analizar cada caso. Si ha habido inversión. En algunos no
hubo, simplemente hubo un uso de nuestras empresas para potenciarse
económicamente, en esos casos no corresponde absolutamente nada. Si es que han
habido inversiones legítimas, que son demostrables, de ese monto hay que
descontar las deudas, que en algún caso es mayor al monto de inversión.
— Sobre el caso PAE y su enorme demanda...
— Tenemos entendido que la empresa está en un marco de negociaciones con
el Ministerio de Hidrocarburos, YPFB específicamente. Nosotros respetamos y
aguardamos, pero obviamente la Procuraduría está preparando una defensa muy
seria, fuerte y rígida.
— ¿Quiborax?
— Ese es un arbitraje concluido, estamos a la expectativa del laudo
arbitral; sin embargo, estamos en una etapa de análisis y estudio todavía sobre
las características de este procedimiento. El periodo final de audiencias
terminó en octubre; nosotros tenemos observaciones muy serias a este proceso,
consideramos que ha habido situaciones muy peculiares, pero preferimos
reservarnos y esperar el resultado de un proceso plenamente concluido.
— Con Rurelec, el exprocurador dijo que hay 90 días
(hasta fines de abril) para que Bolivia asuma una posición respecto al fallo
— No existe un plazo definido de tiempo, hay procedimientos a los que se
pueden recurrir; sin embargo, Bolivia, respetuosa del derecho internacional,
está estudiando cuáles son estas posibilidades; también hay la posibilidad de
llegar a un acercamiento con la empresa. No hay ningún plazo que esté corriendo
con relación al pago; aunque sí hay plazos para hacer uso de algunos mecanismos
jurídicos.
